Errores olímpicos

Autor: Editorial de Dia D.

¿Errores o delitos? Esa frasesita en forma de pregunta se hizo famosa allá por 1993-1994. En estos días tal vez resuene fuerte en los oídos y cabezas de ciertas autoridades "ejecutivas".

Ya ocurrió algo de ésto a ex autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que aprendieron con sangre que nunca debieron firmar un contrato por meras (¿interesadas?) presiones cívicas y con sobreprecios (la ruta Tarija – Potosí). Ahora es el turno de las inversiones ejecutadas con dineros del Departamento de Tarija por anteriores y actuales autoridades en la Villa Olímpica. Hay una extraña tendencia a mezclar la obligación de enjuiciar el delito y dejar las obras a medias, olvidándose del interés mayor, que es el interés público y que se traduce en contar con obras que sirvan a la comunidad.

Debe enjuiciarse el delito pero también deben concluirse las obras, cuya planificación y ejecución fueron resultado de decisiones de autoridades que asumieron el cargo como resultado de una elección popular, lo que, aunque a las nuevas autoridades no les guste, legitima esas decisiones.

En relación a las obras que son parte de la Villa Olímpica hay varios cuestionamientos pendientes: Se licitaron las obras, se las adjudicaron y luego se firmaron los contratos respectivos. En el proceso hubieron, según denuncias, "coimas" de por medio. Una vez firmados los contratos, las autoridades cambian el emplazamiento de la obra de un lugar a otro, lo que obliga a reajustar presupuestos. Hay también una duda razonable respecto a la conveniencia y legalidad del cambio de lugar. En éstos últimos días se han conocido avances en investigaciones judiciales relacionadas a la expropiación y pago por los terrenos donde finalmente se emplazaron las obras. Pero, finalmente, con retrasos y mayores costos, se hacen inversiones en cemento, acero, excavaciones y obras en general, incluyendo vías asfaltadas.

Lo anterior conllevó una erogación de varios millones de dólares de dineros públicos. A la vez, hay investigaciones judiciales en curso respecto del pago de "coimas". Se averiguará también en su momento, mediante los juicios pertinentes, los daños y perjuicios causados al Estado por el cambio de emplazamiento de las obras.

Hay también contratos resueltos por presunto incumplimiento de contratistas y retruques judiciales por también presuntos incumplimientos del contratante (la Gobernación). Hay, eso sí, hormigón, acero y obras ejecutadas que quedan a medias o casi terminadas, pero sin uso práctico ni beneficio para la población. Pero también es visible un dañino componente político y hasta previsibles "intereses" económicos de por medio, no siempre "sanctos".

La Ley 1178 (SAFCO), obliga a las autoridades a tomar las mejores decisiones "ejecutivas" en beneficio de la institución que dirigen y en beneficio del interés general, de los beneficiarios de las obras, considerando siempre los resultados concretos de sus actos. Si hay que socorrer a las víctimas del derrumbe de un edificio, por ejemplo, un Alcalde o Gobernador puede, mediante decisión ejecutiva plenamente justificada, disponer recursos de modo inmediato.

El resultado – vidas salvadas – es el que cuenta. Luego se verá si el derrumbe fué responsabilidad del constructor, del municipio (mala ejecución de obras viales) o, finalmente, de las personas que estuvieron dentro de la edificación siniestrada. La Ley exige – no sólo permite – que las autoridades estén capacitadas para tomar decisiones ejecutivas en beneficio de la colectividad. Son pasibles a proceso en caso de omisión y no sólo de acción errada.

En la conferencia de prensa ofrecida por dos autoridades de la Gobernación hace algunos días en torno a las obras que se ejecutan en la Villa Olímpica, además de no informar sobre alguna decisión concreta adoptada – lo que resultó extraño -, se dejó entrever que las obras quedarían indefinidamente paralizadas, a las resultas de decisiones judiciales inciertas y sin fecha. Lo anterior podría significar que las decenas de millones de dólares convertidos ahora en hormigón, acero y obras físicas, queden inservibles y sujetas al deterioro natural de las cosas. ¿Miedo a tomar decisiones ejecutivas? ¿Y los beneficiarios? ¿Y el interés general que debe primar?

¡Vaya decisión ejecutiva aquella que condena a la pérdida por doble partida (construcción y deterioro de lo construido), pero de dineros públicos! Queda claro, primero, que cualquier licitación de futuras obras para concluir los trabajos significarán costos mayores a los actuales (la inflación se "comió" los precios). El que pagará la factura será el pueblo de Tarija. Queda claro también que las obras existentes, al no tener nadie que las conserve, se perderán o deteriorarán, según el tiempo que transcurra. No se debe, en consecuencia, confundir ni mezclar intereses políticos o económicos personales (e incluso el miedo de algunos funcionarios), con investigaciones judiciales por presuntas "coimas" y con la necesidad de contar con las obras que están a medias o a punto de concluirse (se informó que una de las obras tiene un avance cercano al 85%).

La peor decisión "ejecutiva" es aquella que condena a pagar a los tarijeños por obras que quedarán inútiles y con riesgo de perderse. No es ese el camino. La vía es enjuiciar la corrupción pero concluir las obras. Son dos cosas distintas y no deben mezclarse. El hormigón y el acero no tienen la culpa de los errores de los de antes ni de los de ahora. Los tarijeños de a pié tampoco y menos los deportistas nuestros.

Un añadido a modo de conclusión: la cuestión de la represa El Molino. Mientras las autoridades administrativas mantienen vigente el contrato, buscando la forma de terminarlo, el Ministerio Público ya ha imputado a un empresario por presunto "incumplimiento de contrato". El artículo 14 de la Ley 1178, que prohibe expresamente el control previo parece estar de más. Asimismo, el principio básico que informa la misma Ley 1178 (SAFCO), que obliga a evaluar los procesos por los resultados que arrojan en beneficio de la colectividad y sus instituciones públicas, está virtualmente ignorado. ¿Todos, ahora, violarán la ley? ¿Se ha instalado el terror como principio rector de las "decisiones ejecutivas"? ¿Quien defiende el interés de los deportistas, de los campesinos productores o de la ciudadanía en general? ¿Es la vendetta política y los juicios penales el objetivo de la gestión pública?

Funte: Publicado originalmente el 21/03/2011 en: Dia D

Fiscalía imputa a presidenta de Aduana por sobreprecio

El Ministerio Público emitió ayer una imputación formal en contra de la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia, Marlene Ardaya, a quien se la acusa por la adquisición con sobreprecio de un inmueble ubicado en el departamento de Oruro.



El presidente del directorio de la Aduana, Silvano Arancibia, dio a conocer la versión y argumentó que, tras la denuncia implantada en febrero pasado, el Ministerio Público procedió a la imputación contra Ardaya por "haber encontrado los indicios suficientes" de presunta culpabilidad. "Se trata de un inmueble comprado por la Aduana, para nosotros hay un precio elevado con el que se ha comprado y que no responde a la realidad, el precio para nosotros daba apenas como 280 mil dólares y ella lo adquirió con 460 mil dólares", explicó Arancibia a ANF a tiempo de indicar que la compra del inmueble se efectuó en diciembre pasado. Señaló que con esta imputación, Ardaya enfrenta una posible detención preventiva en caso de que el juez de la causa lo disponga de esa manera. Por lo pronto se espera la convocatoria de la audiencia de medidas cautelares. Además de Ardaya, el proceso de compra de este inmueble se expande a otros siete funcionarios de la ANB: Julia Eva Quino Valdez, Luis Jiménez Suárez, Ilda Ventura Fernández, Ernesto Zaconeta Quintana, Amílcar Pérez Hurtado, Adolfo Pérez Machicado y Ramiro Chávez.

Arancibia denunció que Ardaya está utilizando a abogados de esta institución "que son pagados por el Estado para defenderse de este proceso penal por delitos de corrupción".

La presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, pidió el apoyo del presidente Evo Morales frente a la reciente imputación en su contra por supuestos actos de corrupción. En opinión de Ardaya la denuncia del directorio es "una venganza" ante las diferencias que se tuvieron por la nacionalización de vehículos indocumentados. Notablemente afectada, la presidenta de esta entidad pidió al Mandatario del Estado apoyo frente a la denuncia por la que atraviesa. "Declaro contundentemente que yo siempre aplicaré la norma y espero que Evo Morales me apoye, al igual que mi persona lo apoyo en varias oportunidades", aseveró la autoridad aduanera.

Publicado originalmente el 9/08/2011 en: PaginaSiete.bo

Indagan a la presidenta de la ANB por compra de inmueble con sobreprecio

La Fiscalía de Distrito investiga a la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, por la presunta compra con sobreprecio de un inmueble para el distrito de Oruro denunciado por el directorio de la entidad

Según esa instancia de fiscalización, el valor catastral del inmueble sólo asciende 180 mil dólares, pero la compra se hizo por 460 mil dólares.

Ardaya manifestó que “la presidenta de la Aduana Nacional no ha intervenido en el proceso, así lo dicen las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios; esto se delega a una autoridad responsable y es ésa la que lleva adelante todo el proceso”

La denuncia fue respaldada desde Oruro por el diputado de Franz Choque, quien a través de la red televisiva ATB acusó a Ardaya por haber viabilizado la compra de dicha propiedad a un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El diputado afirmó que “según el estudio de los peritos y expertos, el inmueble no debió costar más de 249 mil dólares, pero resulta que el inmueble ha sido comprado con casi el doble, pues cuesta casi 460 mil dólares, por tanto existe un sobreprecio de 1.400.000 bolivianos”.

La fiscal asignada al caso, Marlene Taboada, tomó ayer las declaraciones a Ardaya y explicó que el inmueble fue adquirido en diciembre del año pasado para que allí funcionen las oficinas de la Aduana Distrital Oruro.

La fiscal comentó que la denuncia manifiesta que supuestamente se habrían cometido algunas irregularidades en la compra, por lo que se citó a la presidenta de la Aduana.

La agencia de noticias Erbol informó que la fiscal Taboada declaró a los medios que -ante la denuncia- “Ardaya afirmó en su declaración que todo ha sido adquirido en el marco de la Ley 1178 y otras normas, en su calidad de presidenta de la Aduana descargó las pruebas pertinentes”.

La presidenta de la Aduana explicó que “el primer informe de auditoría evidencia que no existe ningún indicio que dé a la presidenta la opción de ver si hay o no un hecho irregular que pueda derivar en un proceso de responsabilidad civil”.

La denuncia es la segunda que se hace en contra de Ardaya, pero la autoridad aseguró que no renunciará a su cargo.

“Mientras el presidente Morales no me destituya de mi puesto, yo no me voy”, enfatizó la titular de la entidad.

Asimismo, descalificó los argumentos de los miembros del directorio que la denunciaron y aseguró que nunca firmó nada.

“Ellos deben demostrar ahora que firmé un documento. De acuerdo a norma, lo que hace una autoridad es primero una auditoría tras un proceso de licitación. El informe de auditoría indica que no hay indicios, ni de responsabilidad civil ni administrativa”, aclaró.

Ayer, diputados de oposición pidieron a la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, que frene el “árbol de la corrupción” de 16 casos que involucraría a funcionarios de la administración del presidente Evo Morales.

En su solicitud, le recuerdan a Suxo que en febrero se presentó una primera denuncia contra la presidenta de la Aduana, por supuestamente haber cometido hechos irregulares por permitir que varios funcionarios que eran acusados de corrupción sigan en la institución que lidera.

En febrero, la presidenta de la Aduana anunció la presentación de una querella contra los miembros del directorio, tras negar con documentación en mano las denuncias formuladas por esa instancia. En esa ocasión exigió que se prueben las supuestas irregularidades.

Publicado originalmente el 10/05/2011 en: PaginaSiete.bo

El Ministro de Economía y Finanzas Públicas observa la Ley Departamental N° 007/2010 de Tarija porque vulnera las NB-SABS

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, observó la Ley Departamental N° 007/2010 que otorga atribuciones y funciones a los ejecutivos seccionales de Tarija, porque vulnera las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS).

En carta dirigida al gobernador interino, Lino Condori, el titular de esa cartera de Estado indica que el contenido sobre el que legisla la cuestionada norma no está comprendido entre las competencias enumeradas en la Constitución Política del Estado y que éste es atribución del nivel central del Estado.

"Al respecto, comunico a usted que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo II, del Artículo 297, de la Constitución Política del Estado, toda competencia que no esté incluida en la Constitución será atribuida al nivel Central del Estado, la cual podrán transferirla o delegarla por Ley. Por tanto, toda vez que la Ley N° 007/2010, no se encuentra comprendida entre las competencias enumeradas en la Constitución Política del Estado, su contenido es atribución del nivel Central del Estado Plurinacional de Bolivia, mientras no se promulgue una Ley específica que delegue esas competencias al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija", se lee en la carta fechada el 31 de diciembre de 2010 a la que tuvo acceso EL NACIONAL.

La nota es una respuesta a la carta enviada al ministro Arce el 10 de diciembre del año pasado por el suspendido gobernador Mario Cossío, quien había consultado si la aplicación de la Ley Departamental N° 007/2010, que otorga atribuciones y funciones a los ejecutivos seccionales del departamento de Tarija, vulnera las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Ésta ley delegaba funciones propias del Gobernador, como designar comisiones calificadoras para la contratación de obras o compra de bienes, firmar contratos y otros a los ejecutivos seccionales. Sin embargo, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios también regulan la organización de los procesos de contratación y es atribución del Ministro de Economía introducir cambios o ajustes en su condición de Órgano Rector, según lo dispone la Ley Safco, No. 1178.

En la misma misiva, el titular de la cartera de Economía y Finanzas Públicas le hace recuerdo al gobernador interino de Tarija que las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios es de aplicación para todas las entidades públicas sin excepción, incluidos los Gobiernos Departamentales.
"… se debe señalar que de acuerdo con el Artículo 3, de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, es de aplicación para todas las entidades públicas sin excepción, incluidos los Gobiernos Departamentales", destaca la parte final de la carta del ministro Arce.

Al parecer, pese a que la carta de Arce está fechada el 31 de diciembre de 2010, el gobernador Lino Condori no tuvo conocimiento de ella, por lo que instruyó el lunes de la semana pasada la conformación de un comité técnico que inició la reglamentación de la Ley N° 007, aprobada y promulgada en noviembre de 2010, para que su aplicación en el departamento sea gradual.

Esta decisión se dio después de conocerse la resolución emitida por el ejecutivo seccional de Cercado, Alfonso Lema, quien determinó aplicar la norma, con preferencia el artículo 5 que dispone que las 11 autoridades provinciales se hagan cargo de la administración de las entidades descentralizadas de la Gobernación: Setar, Emtagas, Sedeges, Sedes, Pronefa, Senavid y Sedeca, entre otras.

Hasta antes de la suspensión de Mario Cossío dispuesta por la Asamblea Legislativa Departamental (16 de diciembre de 2010), Lema fue uno de los más tenaces opositores, junto a su partido Camino al Cambio, primero de la aprobación y luego de la aplicación de la Ley N° 007, porque consideraba que iba a traer problemas de índole administrativo.

Así como hubo un cambio radical en la posición de Lema, también ocurrió lo mismo en el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo partido, antes de que Lino Condori sea designado gobernador interino, sostenía que la cuestionada norma debía ser inmediatamente aplicada. Ahora dice todo lo contrario, porque según sus asambleístas, como es el caso de Marcelo Poma o el propio gobernador Condori, su aplicación debe ser gradual y que además ya no es posible hablar de competencias para los ejecutivos seccionales, sino que ese asunto se lo verá cuando se tenga aprobado el Estatuto Autonómico del Departamento.

Publicado originalmente el 10/01/2011 en: El Nacional

Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) No. 1178

Versión señalada y comentada de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) No. 1178

Descargar versión en PDF.

Diapositiva sobre el SISPLAN y el SNIP


Diapositiva sobre el Sistema de Planificación Nacional (SISPLAN) y el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

Vía: Mappy

Contraloría trabaja en proyecto de modificación de la Ley No. 1178

Por Abi - Agencia - 12/01/2010

La Contraloría General del Estado (CGE) trabaja en el proyecto de modificación de la ley de Administración y Control Gubernamental SAFCO (1178) en dos componentes principales para regir sus acciones conforme lo establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), informaron fuentes oficiales.

"Esta ley fue diseñada para el funcionamiento de un determinado modelo económico en el que se tenía un aparato del Estado. En la actualidad estas condiciones han cambiado, por lo tanto, la parte de administración como el control gubernamental necesariamente deben ser modificados para que se lleve adelante una apropiada gestión de este nuevo modelo", explicó el contralor interino Gabriel Herbas.

En cuanto al primer componente, Herbas indicó que la organización de la Contraloría, su funcionamiento y atribuciones deben estar fundados en los principios de legalidad, que se determinarán por ley, como la supervisión para la obtención de resultados más rápidos.

"Por lo tanto es una obligación que la Contraloría vaya a presentar a la nueva Asamblea Plurinacional un proyecto de Ley marco que esté adecuado al funcionamiento de la nueva Contraloría", sostuvo.

La Ley 1178 regula siete sistemas de administración y uno de control gubernamental que tienen como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General del Estado, respectivamente.

"A nosotros nos corresponde un solo sistema, el de control gubernamental, por lo tanto vamos a concentrarnos en modificaciones a este sistema", dijo Herbas.

Vía: LosTiempos.com 

Actualización:

Esta noticia es del año 2010, a la presente fecha no se conoce de algún proyecto de ley presentado al congreso para la modificación de la Ley No. 1178.

Diapositiva del CENCAP sobre la Ley No. 1178


Diapositiva utilizada por el Centro Nacional de Capacitación (CENCAP) de la Contraloría General del Estado para sus capacitaciones sobre la Ley SAFCO.

Descargar diapositiva.

Fuente: William Ivan Alejandro Llanos Torrico