Errores olímpicos

Autor: Editorial de Dia D.

¿Errores o delitos? Esa frasesita en forma de pregunta se hizo famosa allá por 1993-1994. En estos días tal vez resuene fuerte en los oídos y cabezas de ciertas autoridades "ejecutivas".

Ya ocurrió algo de ésto a ex autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que aprendieron con sangre que nunca debieron firmar un contrato por meras (¿interesadas?) presiones cívicas y con sobreprecios (la ruta Tarija – Potosí). Ahora es el turno de las inversiones ejecutadas con dineros del Departamento de Tarija por anteriores y actuales autoridades en la Villa Olímpica. Hay una extraña tendencia a mezclar la obligación de enjuiciar el delito y dejar las obras a medias, olvidándose del interés mayor, que es el interés público y que se traduce en contar con obras que sirvan a la comunidad.

Debe enjuiciarse el delito pero también deben concluirse las obras, cuya planificación y ejecución fueron resultado de decisiones de autoridades que asumieron el cargo como resultado de una elección popular, lo que, aunque a las nuevas autoridades no les guste, legitima esas decisiones.

En relación a las obras que son parte de la Villa Olímpica hay varios cuestionamientos pendientes: Se licitaron las obras, se las adjudicaron y luego se firmaron los contratos respectivos. En el proceso hubieron, según denuncias, "coimas" de por medio. Una vez firmados los contratos, las autoridades cambian el emplazamiento de la obra de un lugar a otro, lo que obliga a reajustar presupuestos. Hay también una duda razonable respecto a la conveniencia y legalidad del cambio de lugar. En éstos últimos días se han conocido avances en investigaciones judiciales relacionadas a la expropiación y pago por los terrenos donde finalmente se emplazaron las obras. Pero, finalmente, con retrasos y mayores costos, se hacen inversiones en cemento, acero, excavaciones y obras en general, incluyendo vías asfaltadas.

Lo anterior conllevó una erogación de varios millones de dólares de dineros públicos. A la vez, hay investigaciones judiciales en curso respecto del pago de "coimas". Se averiguará también en su momento, mediante los juicios pertinentes, los daños y perjuicios causados al Estado por el cambio de emplazamiento de las obras.

Hay también contratos resueltos por presunto incumplimiento de contratistas y retruques judiciales por también presuntos incumplimientos del contratante (la Gobernación). Hay, eso sí, hormigón, acero y obras ejecutadas que quedan a medias o casi terminadas, pero sin uso práctico ni beneficio para la población. Pero también es visible un dañino componente político y hasta previsibles "intereses" económicos de por medio, no siempre "sanctos".

La Ley 1178 (SAFCO), obliga a las autoridades a tomar las mejores decisiones "ejecutivas" en beneficio de la institución que dirigen y en beneficio del interés general, de los beneficiarios de las obras, considerando siempre los resultados concretos de sus actos. Si hay que socorrer a las víctimas del derrumbe de un edificio, por ejemplo, un Alcalde o Gobernador puede, mediante decisión ejecutiva plenamente justificada, disponer recursos de modo inmediato.

El resultado – vidas salvadas – es el que cuenta. Luego se verá si el derrumbe fué responsabilidad del constructor, del municipio (mala ejecución de obras viales) o, finalmente, de las personas que estuvieron dentro de la edificación siniestrada. La Ley exige – no sólo permite – que las autoridades estén capacitadas para tomar decisiones ejecutivas en beneficio de la colectividad. Son pasibles a proceso en caso de omisión y no sólo de acción errada.

En la conferencia de prensa ofrecida por dos autoridades de la Gobernación hace algunos días en torno a las obras que se ejecutan en la Villa Olímpica, además de no informar sobre alguna decisión concreta adoptada – lo que resultó extraño -, se dejó entrever que las obras quedarían indefinidamente paralizadas, a las resultas de decisiones judiciales inciertas y sin fecha. Lo anterior podría significar que las decenas de millones de dólares convertidos ahora en hormigón, acero y obras físicas, queden inservibles y sujetas al deterioro natural de las cosas. ¿Miedo a tomar decisiones ejecutivas? ¿Y los beneficiarios? ¿Y el interés general que debe primar?

¡Vaya decisión ejecutiva aquella que condena a la pérdida por doble partida (construcción y deterioro de lo construido), pero de dineros públicos! Queda claro, primero, que cualquier licitación de futuras obras para concluir los trabajos significarán costos mayores a los actuales (la inflación se "comió" los precios). El que pagará la factura será el pueblo de Tarija. Queda claro también que las obras existentes, al no tener nadie que las conserve, se perderán o deteriorarán, según el tiempo que transcurra. No se debe, en consecuencia, confundir ni mezclar intereses políticos o económicos personales (e incluso el miedo de algunos funcionarios), con investigaciones judiciales por presuntas "coimas" y con la necesidad de contar con las obras que están a medias o a punto de concluirse (se informó que una de las obras tiene un avance cercano al 85%).

La peor decisión "ejecutiva" es aquella que condena a pagar a los tarijeños por obras que quedarán inútiles y con riesgo de perderse. No es ese el camino. La vía es enjuiciar la corrupción pero concluir las obras. Son dos cosas distintas y no deben mezclarse. El hormigón y el acero no tienen la culpa de los errores de los de antes ni de los de ahora. Los tarijeños de a pié tampoco y menos los deportistas nuestros.

Un añadido a modo de conclusión: la cuestión de la represa El Molino. Mientras las autoridades administrativas mantienen vigente el contrato, buscando la forma de terminarlo, el Ministerio Público ya ha imputado a un empresario por presunto "incumplimiento de contrato". El artículo 14 de la Ley 1178, que prohibe expresamente el control previo parece estar de más. Asimismo, el principio básico que informa la misma Ley 1178 (SAFCO), que obliga a evaluar los procesos por los resultados que arrojan en beneficio de la colectividad y sus instituciones públicas, está virtualmente ignorado. ¿Todos, ahora, violarán la ley? ¿Se ha instalado el terror como principio rector de las "decisiones ejecutivas"? ¿Quien defiende el interés de los deportistas, de los campesinos productores o de la ciudadanía en general? ¿Es la vendetta política y los juicios penales el objetivo de la gestión pública?

Funte: Publicado originalmente el 21/03/2011 en: Dia D

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